Cuando el diputado mira el recibo y olvida quién dejó la llave abierta.

Cuando el diputado mira el recibo y olvida quién dejó la llave abierta

Por Marco Yustis

 

En Tehuacán, el agua parece tener memoria… y algunos políticos no.

 

El diputado local Julio Huerta se escandalizó recientemente al ver que los recibos de algunos ciudadanos llegaron más altos de lo esperado. Habló de “cobros excesivos”, pidió auditorías y comparecencias, y se mostró indignado ante lo que calificó como un incremento injustificado. Todo muy solemne. Todo muy teatral. Todo muy selectivo.

 

Conviene aclararlo desde el inicio: sí hubo un incremento, pero no producto de un “tarifazo arbitrario”, sino de un ajuste técnico derivado de años de desorden en los padrones del OOSAPAT: negocios pagando como casas, consumos elevados subsidiados políticamente y usuarios mal clasificados. La reclasificación busca cobrar conforme al consumo real, no inventarlo. Y, ojo, el propio Diputado autorizó legalmente este esquema en la Ley de Ingresos 2026.

 

Lo curioso es que el diputado olvidó mencionar otra parte central del problema: el pasado del organismo y quién lo quebró. Dentro de su propio entorno familiar y político se encuentra Jaime Enrique Barbosa Puertos, exdirector del OOSAPAT durante la administración municipal 2018–2021, periodo en el que se dejaron de pagar cuotas a CONAGUA, se otorgaron liquidaciones fuera de la ley y se denunciaron presuntos fraudes y uso indebido de atribuciones. Todo ello dejó al organismo en quiebra técnica y con un déficit estructural que hoy se intenta corregir.

 

Durante esos años no hubo exhortos mediáticos, ni discursos indignados, ni comparecencias parlamentarias. Hoy, cuando se ajusta lo que durante décadas se simuló, el mismo legislador se muestra sorprendido, como si los problemas históricos se hubieran evaporado por arte de magia.

 

Como ha señalado el abogado y docente Tomás Calderón, una auditoría puede arrojar conclusiones políticamente incómodas: que el ajuste es legal, que la reclasificación está en la ley y que el problema real no nació en 2026, sino en años de saqueo institucional.

 

La verdadera pregunta no es “¿por qué subió el recibo?”, sino “¿quién permitió que el organismo se convirtiera en caja política y botín administrativo?”. El agua no se evaporó sola, y la quiebra del OOSAPAT no cayó del cielo.

 

Y ya que hablamos de memoria selectiva, convendría no olvidar tampoco la fallida inversión por más de 600 millones de pesos que realizó el gobierno de Miguel Barbosa en el Banco Accendo, un episodio que sigue sin avances reales ni responsables claros.

Pero esa… esa es otra historia.

 

Tal vez por eso la indignación es selectiva: cuando ya no se controla la llave, se acusa a quien intenta cerrar la fuga.

Mientras tanto, los ciudadanos siguen pagando los costos de quienes dejaron la llave abierta durante tantos años.